La Comisión Europea rebaja el objetivo de emisiones al 90% y abre la puerta a híbridos, motores de combustión y combustibles renovables, en un giro clave de la política climática comunitaria
Bruselas ha confirmado que los coches de combustión interna podrán seguir vendiéndose en la Unión Europea después de 2035, una decisión que supone un cambio relevante en la estrategia climática europea y un revés para las aspiraciones de los gobiernos más estrictos con esta materia.
La Comisión Europea ha optado finalmente por reducir las emisiones de los nuevos vehículos en un 90% respecto a 2021, en lugar del 100% inicialmente previsto, permitiendo así que un 10% del mercado continúe operando con tecnologías distintas al vehículo eléctrico puro.
La medida ignora directamente las petición expresas de algunos presidentes de la Unión que habrían solicitado por carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se mantuviera la prohibición total de los coches de diésel y gasolina a partir de 2035.
Un giro en la transición verde de la UE
El anuncio fue realizado por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien detalló que el objetivo climático se alcanzará “principalmente mediante vehículos eléctricos de cero emisiones”, pero admitió que el 10% restante deberá compensarse mediante otras vías.
Esto implica que seguirán siendo legales los híbridos enchufables, los vehículos con extensor de autonomía y determinados motores de combustión, siempre que compensen sus emisiones mediante el uso de acero europeo bajo en carbono o combustibles renovables. La Comisión ha subrayado que se tratará de una producción “limitada”, aunque el impacto político y económico de la decisión es significativo, sobre todo cuando hemos pasado de una prohibición total a un resquicio y eso que aún quedan 10 años por delante y las ventas de EV en muchos mercados ya rozan el 20% de cuota.
El cambio de rumbo supone una victoria estratégica para los partidos que llevaban años reclamando mayor flexibilidad normativa para proteger a la industria automovilística.
Países clave como Alemania e Italia han ejercido una fuerte presión para evitar una prohibición total, argumentando que el sector de la automoción atraviesa una situación crítica y que una transición demasiado abrupta podría provocar cierres empresariales y pérdidas masivas de empleo.
Próximos pasos legislativos
La propuesta de la Comisión Europea deberá ahora ser aprobada por el Consejo y por el Parlamento Europeo, aunque el respaldo político actual sugiere que la iniciativa cuenta con suficientes apoyos para salir adelante.
Con este movimiento, Bruselas opta por una transición más pragmática y gradual, priorizando la estabilidad industrial frente a una electrificación total inmediata, y reabre el debate sobre el equilibrio entre ambición climática, competitividad económica y soberanía industrial en la Unión Europea.
En realidad estamos ante un fraude
A mi juicio, lo ocurrido en Bruselas es un fraude político y regulatorio en toda regla, aunque se vista con lenguaje técnico y porcentajes aparentemente inocuos. Durante años, la Unión Europea transmitió un mensaje claro e inequívoco: en 2035 se acabarían los coches de combustión. No como una orientación flexible, sino como un compromiso firme, casi moral, que justificó decisiones industriales, inversiones multimillonarias y sacrificios asumidos por ciudadanos y empresas. Rebajar ahora el objetivo al 90% no es un ajuste menor; es deshacer por la puerta de atrás una promesa que se presentó como irreversible.
Además, el recurso a las “emisiones compensadas” es, en la práctica, un truco contable. Un motor de combustión que emite CO₂ sigue contaminando, por mucho que esa contaminación se maquille con acero bajo en carbono o combustibles supuestamente renovables. No estamos ante cero emisiones reales, sino ante una ficción administrativa que permite cumplir objetivos climáticos sobre el papel mientras en la calle todo sigue prácticamente igual. Eso no es transición ecológica, es ingeniería semántica.
Lo más grave es el mensaje que se lanza al mercado y a la ciudadanía. Quienes apostaron antes y con más decisión por el vehículo eléctrico lo hicieron empujados por una regulación estricta que ahora se relaja para rescatar a una industria que no ha sabido adaptarse al ritmo prometido. Se castiga al que cumplió y se premia al que retrasó el cambio. Y al ciudadano se le demuestra que las grandes proclamas verdes eran negociables cuando han aparecido dificultades económicas y presiones políticas.
Por todo ello, esta decisión no es solo una rectificación técnica: es una quiebra de confianza. La UE había convertido la transición verde en un pilar de su credibilidad y ahora deja claro que, llegado el momento, ese pilar era más frágil de lo que se admitía. Llamarlo fraude puede incomodar, pero describe bien la sensación final: se prometió un cambio estructural y se entrega, una vez más, una prórroga disfrazada de avance climático.
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