El Plan Auto+, llamado a convertirse en el nuevo pilar de las ayudas públicas a la electrificación del automóvil en España, ha quedado atrapado en una guerra silenciosa dentro del propio Gobierno. Mientras el Ministerio de Industria presiona para activar cuanto antes el programa, Economía ha levantado un muro técnico que, de momento, mantiene congelados 400 millones de euros destinados a incentivar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
El detonante no es menor y es que lo que buscan es cómo decidir qué coches merecen subvención. La respuesta enfrenta dos visiones opuestas sobre política industrial, comercio internacional y transición ecológica.
De las fábricas al CO₂: el cambio de reglas que lo altera todo
La propuesta que había logrado consenso con fabricantes y concesionarios apostaba por una lógica sencilla: favorecer la producción europea sin cerrar la puerta al resto. Más ayudas para coches ensamblados en la UE, menos para los fabricados fuera, pero sin exclusiones directas.
Ese equilibrio ha saltado por los aires. El Ministerio de Economía exige introducir un sistema de cálculo de huella de carbono que evalúe todo el ciclo de vida del vehículo, desde la fabricación hasta su reciclaje. Un filtro ambiental que, en la práctica, reordena por completo el mapa de modelos subvencionables y deja en una posición incómoda a parte de la oferta más competitiva en precio, especialmente la procedente de China.
No se trata de una ocurrencia improvisada. Economía lleva meses —casi un año— diseñando una metodología propia de medición de impacto climático con vocación de aplicarse a distintos sectores industriales. El Plan Auto+ sería su primera gran prueba de fuego.
Un bloqueo con efectos inmediatos en el mercado
El problema es el tiempo. El programa debía estar operativo desde principios de enero y aplicarse con carácter retroactivo, pero la falta de bases oficiales está provocando parálisis en los concesionarios y dudas entre los compradores.
El sector teme repetir el efecto “valle” vivido en anteriores transiciones entre planes de ayuda: consumidores que posponen la compra y fabricantes que ven frenado el ritmo de electrificación justo cuando el mercado empezaba a responder.
Europa aún no ha decidido… y España se adelanta
El debate español llega, además, en un momento delicado para la UE. Bruselas trabaja en un nuevo marco para proteger la industria comunitaria frente a terceros países, basado en requisitos de contenido local europeo, pero ese modelo no estará listo, como pronto, hasta 2027.
Pese a ello, España se arriesga a anticipar una solución unilateral, alejándose tanto del enfoque comunitario como de la vía pragmática adoptada por Alemania, que ha optado por lanzar un ambicioso plan de ayudas hasta 2029 y posponer las restricciones industriales hasta que exista una regla común.
Ganadores y perdedores del criterio climático
Si finalmente se impone el sistema de huella de carbono, el reparto de beneficiados cambiaría de forma notable:
La mayor parte de los fabricantes europeos seguirían dentro, aunque no todos sus modelos.
Países como Turquía encajarían bien en el esquema.
Marruecos quedaría en una posición ambigua, con modelos dentro y fuera según su proceso productivo.
La oferta más agresiva en precio, especialmente la asiática, sería la más penalizada.
El resultado: un mercado con menos opciones subvencionables, pero teóricamente más alineadas con los objetivos climáticos.
Un plan clave, aún sin fecha y con reglas por definir
Más allá del pulso político, el Plan Auto+ mantiene elementos ya conocidos: ayudas de hasta 4.500 euros por vehículo eléctrico, gestión centralizada por Industria, sin incentivos adicionales por achatarramiento ni apoyo a la infraestructura de recarga.
Pero su mayor incógnita sigue intacta: cuándo verá la luz.
Mientras Economía defiende sentar un precedente ambiental, Industria y el sector reclaman velocidad. En medio, el mercado espera. Y cada semana de retraso convierte el debate técnico en un coste económico real para la electrificación en España.
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